La Ley sobre la Igualdad en el Crédito prohíbe que los prestamistas discriminen contra un solicitante en cualquier aspecto de una transacción de crédito por motivo de su raza, color de piel, religión, país de origen, sexo, estado civil, edad, si todo o parte de los ingresos del solicitante provienen de un programa de asistencia pública o si el solicitante ha ejercido algún derecho de buena fe amparado por la Ley de Protección de Crédito al Consumidor.

La Ley de Igualdad en Vivienda prohíbe la discriminación en las operaciones de bienes raíces residenciales basado en su raza, color de piel, religión, sexo, minusvalía, estatus familiar o país de origen.

Según estas leyes, no se le puede rehusar un préstamo a un consumidor basado en estas características, ni tampoco se le puede cobrar más por un préstamo ni ofrecer términos menos favorables.